EL "CASO CABACAS" SE ATASCA EN EL JUZGADO
El proceso lleva tres meses en el dique seco a la espera de que la jueza llame a declarar a los ertzainas
La familia se impacienta por el retraso cuando este viernes se cumplen seis meses del trágico suceso
BILBAO. El proceso judicial para esclarecer la muerte de Iñigo Cabacas tras recibir el impacto de una pelota de goma disparada por la Ertzaintza acumula tres meses en el dique seco. Tras el parón que sufrió a principios de verano, y pese a lo que esperaban muchas de las partes implicadas -especialmente la familia del joven-, la llegada de septiembre no ha supuesto, finalmente, una reactivación del caso. Diversas fuentes consultadas afirman que no hay pistas que indiquen que pueda ponerse de nuevo en marcha en un breve plazo de tiempo.
El 10 de julio se celebró la última vista en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) con la presencia a su vez de los últimos testigos que habían sido llamados a declarar, un proceso que arrancó el 7 de junio con la comparecencia de los forenses, que confirmaron que la causa de la muerte de Cabacas fue el impacto de una pelota de goma en la cabeza. El siguiente paso de la fase de instrucción, consistente en la declaración de los agentes de la Ertzaintza que participaron en el operativo del 5 de abril en el que el joven resultó gravemente herido -se estima que fueron en torno a medio centenar-, quedó pendiente por ser agosto un mes inhábil en el ámbito judicial.
Las previsiones eran que la jueza pusiera fecha a la presencia de los ertzainas en el juzgado a partir de septiembre. También debía tomar una decisión sobre las múltiples pruebas periciales solicitadas por los representantes legales de la familia Cabacas, que se ha personado como acusación particular. Sin embargo, la magistrada aún no ha señalado ninguna de dichas pruebas. Uno de los motivos es, de nuevo, de carácter administrativo. Y es que, según fuentes de los abogados de los Cabacas, el regreso de vacaciones de la jueza el 1 de septiembre coincidió con la marcha, por el mismo motivo, de la funcionaria encargada del expediente del caso. La misma no regresó hasta el 20 de septiembre.
El resultado de ello es que "las peticiones de pruebas, que nosotros sepamos, están sin tramitar", aseguró a este periódico la abogada de la familia, Jone Goirizelaia. Este retraso añadido no solo ha pillado a contrapié a los allegados del joven fallecido. Según ha podido saber DEIA, los propios agentes de Seguridad Ciudadana desplegados en la noche del 5 de abril, tras el partido que disputaron en San Mamés el Athletic y el Schalke 04, esperaban haber sido llamados a declarar en torno al día 20 del mes pasado. Aún siguen esperando la citación.
Sin embargo, hay quien opina que esta impaciencia que flota en el ambiente obedece tan solo a una cuestión de percepción. La propia Goirizelaia afirmó que este retraso es habitual en el ámbito judicial y que no resulta, por tanto, extraño para los profesionales del ramo. Incluso afirmó que "lo raro es que todo se haya desarrollado tan rápido hasta ahora". Agregó que "no debería ser así, habría que cambiar las cosas, pero tal y como funcionan los tribunales, es lo que hay. Los que trabajamos en este ámbito estamos acostumbrados, es el modelo de justicia que tenemos".
Pese a ello, la desazón de la familia por este alargamiento del proceso resulta fácilmente entendible. "Está claro que no lo están llevando bien", afirmaba una fuente cercana a los parientes de Iñigo Cabacas. Subrayaba además el hecho de que este viernes se cumplirán seis meses de los trágicos sucesos provocados por los disparos con escopetas lanzapelotas en María Díaz de Haro -el joven hincha rojiblanco falleció cuatro días después en el hospital, el 9 de abril-.
RETRASAR EL CASO Desde que las declaraciones de testigos concluyeron a principios de julio, han tenido lugar varios acontecimientos de importancia. En primer lugar, el lehendakari Patxi López convocó el adelanto electoral para el 21 de octubre, una circunstancia que, según las fuentes consultadas, nada tiene que ver con la investigación judicial. Pese a ello, el pasado 16 de agosto DEIA desveló el afán del Departamento de Interior por retrasar al máximo la resolución de este caso. El objetivo sería evitar que altos cargos políticos y policiales pudieran ser llamados a declarar en pleno proceso electoral, estrategia que se habría establecido a través de la dirección de Régimen Jurídico y Servicios de la consejería.
Del mismo modo, el consejero de Interior, Rodolfo Ares, anunció el 29 de agosto que dejaba el puesto con el fin de dedicarse plenamente a la campaña electoral del PSE. Esta decisión imposibilitó que el máximo responsable de la Policía vasca en el momento que sucedieron los hechos asumiera responsabilidades durante el ejercicio de su cargo. La depuración de responsabilidades en lo sucedido ha sido una de las principales líneas de actuación del PNV en el tramo final de la legislatura, lo que se tradujo en numerosas iniciativas parlamentarias.
La última vinculación de Rodolfo Ares con este caso no fue precisamente edificante, ya que consistió en un enfrentamiento con la familia a través de un intercambio de comunicados. Durante un acto de recuerdo celebrado el 9 de julio en el Ayuntamiento de Bilbao, el padre de Iñigo, Manuel Cabacas, afirmó que Ares "se ha escondido y no ha aportado nada" desde que tuvieron lugar los hechos. Su abogada censuró a su vez que Interior no haya puesto aún "toda la información disponible en manos del juzgado" y pidió que "no se hagan trampas en los atestados ni se utilicen para reforzar la versión policial".
El entonces consejero de Interior respondió al día siguiente negando que no haya atendido a la familia y acusando a la letrada de "hacer política" con este caso. Los Cabacas desvelaron entonces que ese mismo día, en la última vista del caso, la representante legal de Interior ofreció a los abogados de la familia zanjar el asunto con un acuerdo económico, posibilidad que fue rechazada de inmediato. Ares lo negó y la familia emitió un último comunicado en el que le acusó de no tener "un ápice de ética".
REPROCHES La presión al Departamento de Interior ha llegado también desde otros ámbitos. Así, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, dijo en agoto que "esto no puede quedar en nada" y pidió que la muerte de Cabacas tenga "consecuencias" a la mayor brevedad. También han sido continuos los requerimientos del Ararteko, Iñigo Lamarca, para que la consejería le remita el atestado policial sobre los hechos, una vez decidió abrir un expediente de oficio.
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